La Ley 1/2025, de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario, aprobada definitivamente el pasado 20 de marzo en el Congreso de los Diputados, se ha publicado en el BOE.
Uno de los pilares de la ley es la obligatoriedad de que todos los operadores de la cadena alimentaria dispongan de un plan de prevención, que permitan a las empresas diagnosticar en qué puntos de su actividad se generan pérdidas, para poder aplicar medidas encaminadas a evitar que los alimentos terminen en la basura.
Además se establece una jerarquía de destinos, siendo siempre el primero la transformación o donación para consumo humano, en segundo orden la alimentación animal o el uso como subproducto y por último, el reciclado como compost, biogás o combustibles.
Con esta Ley se busca reducir los más de 1000 millones de kilos de alimentos desperdiciados en los hogares españoles en 2023, según el panel del desperdicio alimentario
Los objetivos de la Ley impactan específicamente en la meta 3 del ODS 12, «reducir a la mitad el desperdicio de alimentos por habitante correspondiente a los niveles de la venta al por menor y el consumidor y reducir la pérdida de alimentos a lo largo de las cadenas de producción y suministro». Con ella se pretende dar respuesta al objetivo sobre producción y consumo responsables.
Intentará disminuir la generación de residuos alimentarios en la producción primaria, en la transformación y la fabricación, en la venta minorista y otros tipos de distribución de alimentos, en restaurantes y servicios de comidas, así como en los hogares. Pero además contribuirá a avanzar paralelamente en el logro de otros ODS, especialmente el ODS 2: Hambre Cero, el ODS 3: Salud y Bienestar, el ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles, el ODS 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles y el ODS 13: Acción por el clima.
